Rostros de los cuatro implicados de liderar una red de trata de personas.El juez Reye Rodríguez Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva a cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal trasnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas.
Los imputados, identificados como Geraldyne Torres Betancur, presuntamente de nacionalidad colombiana; Jason Manuel Santana, alias "Nino"; Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez, alias "Yoi" o "Joi", cumplirán la medida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. El magistrado declaró el caso como complejo debido a la gravedad de los hechos.
Según la investigación de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), las víctimas fueron traídas al país bajo engaños y retenidas contra su voluntad para ser explotadas sexualmente en discotecas y otros lugares. A su llegada, sus pasaportes eran confiscados y se les imponía una "deuda" de US$3,500, que debían pagar mediante trabajo sexual.
La operación de rescate, llevada a cabo tras varios días de inteligencia, permitió liberar a ocho mujeres colombianas. Se identificó a Torres Betancur como la captadora en Colombia, mientras que Castro Santos era quien administraba las operaciones de la organización.
Durante los allanamientos, además de rescatar a las víctimas, las autoridades incautaron un vehículo perteneciente a Jason Manuel Santana (Nino), en cuyo interior se halló un paquete de 4.16 kilogramos de cocaína clorhidratada, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La investigación está a cargo de la procuradora general de corte de apelación y titular de la PETT, Yoanna Bejarán Álvarez, junto a la procuradora fiscal Aleika Almonte Santana y el fiscal José Guillermo Soriano, con el apoyo del fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con la recolección de pruebas y garantizar que los imputados enfrenten un juicio con todas las garantías de ley.
Los acusados enfrentarán cargos por violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.
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