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¿Quién debe establecer impuestos y determinar el modo de recaudación, el Congreso o el Poder Ejecutivo?


El Gobierno dominicano derogó el lunes 3 de marzo, mediante el Decreto 107-25, el Decreto 30-25 del 17 de enero de 2025, que regulaba la percepción y aplicación del ITBIS en los servicios digitalesNurPhoto via
 AFP

Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com

16 de marzo del 2025

El debate sobre la autoridad para establecer impuestos y el procedimiento para su recaudación ha resurgido en República Dominicana debido a la emisión del Decreto 30-25 el 17 de enero de 2025, que intentaba imponer impuestos sobre los servicios prestados digitales por plataformas extranjeras. Este decreto se convirtió en un tema polémico, ya que muchos consideraron que el Poder Ejecutivo había excedido sus competencias, las cuales, según algunos, son exclusivas del Congreso Nacional.

El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, expresó que la creación de impuestos sin una ley aprobada por el Congreso era inconstitucional. Según la Constitución Dominicana, el artículo 93 establece que es el Congreso Nacional el encargado de legislar sobre impuestos, tributos o contribuciones generales, así como para determinar el modo de recaudación y su inversión. Esto significa que la potestad de imponer nuevos impuestos no le corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo.

El gobierno dominicano finalmente derogó el polémico Decreto 30-25 el 3 de marzo de 2025, a través del Decreto 107-25, que indicaba que aún no estaban listos para aplicar dicho reglamento. La Vicepresidenta Raquel Peña explicó que, aunque la medida fue retirada, no significa que el gobierno actúe de manera improvisada. Este hecho generó un debate sobre si el Ejecutivo debía haberse anticipado a la legislación necesaria o si se trataba de una cuestión de necesidad emergente.

El planteamiento del gobierno, al fundamentar su decreto, se basó en la interpretación de que los servicios digitales no estaban específicamente exentos de ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) en el Código Tributario. Además, el gobierno argumentaba que la medida respondía a un marco reglamentario que ya existía.

Este episodio resalta la importancia de que el proceso de imposición de impuestos siga el debido procedimiento legislativo establecido en la Constitución, bajo la responsabilidad del Congreso Nacional. La discusión también subraya el papel del Poder Ejecutivo en la aplicación de las leyes, pero dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación vigente.

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