Según un comunicado emitido por la defensa, uno de los motivos más importantes de la recusación es el "sesgo evidente" de la magistrada Keyla Pérez Santana, quien, según los abogados, condicionó sus decisiones judiciales al nivel de colaboración de los imputados con la Procuraduría. , lo cual violaría los principios de imparcialidad y justicia.
Los abogados aseguran que la solicitud está basada en más de 20 pruebas que demuestran graves irregularidades, entre ellas, la manipulación de actas de audiencias para encubrir errores procesales, como convocatorias realizadas en días feriados. En concreto, mencionan el caso de una audiencia del 11 de octubre de 2024, en la cual los jueces convocaron a las partes para el día 4 de noviembre (feriado), pero las transcripciones de las audiencias fueron manipuladas, cambiando la fecha al 5 de noviembre.
Además, los abogados denuncian que los jueces recusados restringieron de forma arbitraria el acceso de la prensa a las audiencias públicas, violando el derecho constitucional a un juicio público. También mencionan que los jueces expulsaron a los miembros de la prensa y les prohibieron el uso de cámaras y grabadoras sin que ninguna de las partes lo solicitara.
La defensa también afirma que los jueces actuaron de manera irregular al intervenir en una audiencia cerrada, asumiendo el rol de presuntas víctimas de espionaje y dando credibilidad a una teoría de la Procuraduría relacionada con un allanamiento en una residencia familiar, durante el cual se encontró un papel en blanco con el nombre de los jueces.
De acuerdo con los abogados, estas acciones justificarían un cambio de tribunal, solicitando uno con mayores garantías de transparencia. La solicitud de recusación está a la espera de una sentencia administrativa de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
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