El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sonríe cuando el rey Abdullah II de Jordania sale de la Casa Blanca luego de su reunión en Washington, DC, el 11 de febrero de 2025.Un grupo de 27 organizaciones religiosas presentó este martes una demanda ante la corte federal del Distrito de Columbia contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para autorizar redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales, medida que según ellos vulnera la libertad religiosa.
La acción legal cuestiona la legalidad de una orden emitida el 21 de enero por la administración Trump, la cual permite a las autoridades migratorias ingresar a lugares de culto sin las limitaciones establecidas por la directiva de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025). Dicha directiva había establecido "áreas protegidas" en las que las redadas estaban prohibidas.
Las organizaciones demandantes sostienen que la medida viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al interferir en el libre ejercicio del culto, y transgrede la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, que impide al Gobierno restringir el ejercicio de la religión sin una justificación de fuerza mayor.
El reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), manifestó:
“La libertad religiosa de nuestras iglesias y de nuestros miembros está siendo atacada. Muchos fieles han optado por seguir los servicios en línea por temor a las redadas migratorias.”
La demanda destaca que, antes de la orden de Trump, las fuerzas de seguridad solo podían ingresar a un lugar de culto en situaciones extremas. Con la revocación de la medida protectora, las autoridades ahora pueden intervenir en cualquier momento, lo que, según los demandantes, crea un ambiente de agobio e incertidumbre en las congregaciones.
Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) y una de las juristas que participaron en la redacción de la demanda, explicó que las iglesias han recurrido a los tribunales para defender su derecho a acoger al “extranjero o inmigrante”, precepto fundamental de su fe, y evitar que el temor a las redadas desmotivas a las comunidades a congregarse y ejercer su espiritualidad.
Mientras se espera la decisión de la corte, los demandantes solicitan que se invalide la orden presidencial y se prohíba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar detenciones en iglesias salvo en "circunstancias excepcionales", advirtiendo que de mantenerse la medida se producirán “daños devastadores, directos y sustanciales” en las comunidades religiosas.
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