El gobierno español anunció este martes que regularizará a los inmigrantes afectados por las inundaciones que dejaron 232 muertos a finales de octubre en la región de Valencia. Esta medida busca atender la situación de "extrema vulnerabilidad" en la que se encuentran muchas de estas personas.
La disposición forma parte de un paquete de medidas adoptado por el Consejo de Ministros para "garantizar la seguridad jurídica a todas las personas extranjeras" que residen en los municipios afectados, así como a sus posibles empleadores, según el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
El mecanismo permitirá que los inmigrantes sin papeles que vivían en los municipios afectados en el momento de la tragedia obtengan una "autorización de residencia por circunstancias excepcionales" por un año, lo que les permitirá residir y trabajar en España. Además, los permisos de residencia se extenderán a cinco años para los familiares de personas extranjeras fallecidas durante las inundaciones.
Cuando estos permisos expiren, los beneficiarios podrán solicitar una renovación mediante la vía habitual. Asimismo, el paquete prevé la renovación automática de los permisos de residencia para los extranjeros que residían en las zonas afectadas y lo soliciten, salvo en casos de "orden público" o "seguridad".
En total, se estima que 25.000 personas se beneficiarán de estas medidas.
El anuncio fue bien recibido por el general Francisco José Gan Pampols, responsable de la reconstrucción en la región de Valencia, quien destacó la falta de mano de obra en las empresas de las zonas afectadas. "Si esas personas están en condiciones de prestar alguno de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona, son más que bienvenidas", afirmó el militar retirado, quien fue nombrado en noviembre vicepresidente del gobierno regional de Valencia para la reactivación económica y social.
Las medidas también fueron respaldadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que valoró positivamente estos mecanismos excepcionales que permitirán a las personas migrantes acceder en igualdad de condiciones a las ayudas ofrecidas por el Estado a las víctimas de las inundaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido desde hace años una visión positiva sobre la inmigración, argumentando que es necesaria ante el envejecimiento de la población española. En esta línea, en noviembre el Ejecutivo aprobó una nueva regulación destinada a facilitar la regularización de decenas de miles de inmigrantes durante los próximos tres años.
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