IMAGEN DE ARCHIVO. Estudiantes llegan a la escuela primaria Ramón Marín Solá, en San Juan, Puerto Rico, por primera vez en casi un año en medio de la pandemia de coronavirus, el miércoles, 10 de marzo del 2021. La isla está reabriendo algunas escuelas públicas. (AP Foto/Dánica Coto)La aplicación de operativos para la repatriación de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos ha generado un notable impacto en la asistencia escolar en Puerto Rico. Esta semana, las escuelas con una alta concentración de niños dominicanos en San Juan han registrado niveles de ausentismo superiores al 60%, alcanzando en algunos centros educativos casi el 70%.
El secretario designado de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, explicó al diario El Nuevo Día que esta situación es consecuencia directa de los operativos migratorios implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). “Las familias están atemorizadas y muchos niños han dejado de asistir a clases por temor a ser separados de sus padres”, señaló.
Ante esta situación, las autoridades educativas de la isla han preparado un documento en el que se instruye a los directores de los centros escolares a mantener los portones cerrados y a no permitir el ingreso de agentes del ICE sin una orden judicial. Ramos Parés enfatizó que, aunque se busca proteger a los estudiantes, también deben cumplir con las normas y leyes federales. “Este protocolo reconoce que estas intervenciones pueden ocurrir, pero las abordaremos con sensibilidad”, agregó.
Según El Nuevo Día, el 26 de enero, día en que iniciaron las interdicciones del ICE, se realizaron 47 arrestos, de los cuales tres personas fueron liberadas por tener un estatus migratorio regularizado. Además, el 28 de enero se reportó que al menos 11 de las 12 personas detenidas aceptaron regresar voluntariamente a la República Dominicana.
El ICE, a través de su página oficial, ha informado que estos operativos se llevan a cabo en coordinación con agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Su objetivo es “preservar la seguridad nacional y pública, manteniendo fuera de las comunidades a extranjeros delincuentes potencialmente peligrosos”.
Mientras tanto, la comunidad dominicana en Puerto Rico vive con incertidumbre y temor ante la posibilidad de deportaciones y separaciones familiares. Muchos han manifestado su preocupación a distintos medios de comunicación, mientras las escuelas buscan alternativas para apoyar a los niños afectados.
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