El padre Johnny, quien acompaña a las comunidades de Sánchez Ramírez , fue uno de los heridos en el desalojo.Moradores de varias comunidades en la provincia Sánchez Ramírez denunciaron un desalojo forzoso llevado a cabo por la empresa minera Barrick Gold, que dejó a aproximadamente 1,200 familias en situación de vulnerabilidad. Este incidente, ocurrido en la madrugada del miércoles, resultó en varios heridos, incluyendo al párroco Johnny, quien acompaña y apoya a las comunidades afectadas.
Comunidades afectadas y enfrentamientos
Las localidades más afectadas por este desalojo incluyen Zambrana Arriba, Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Ligo, El Rayo y El Naranjo. Testigos del hecho informaron que efectivos del Ejército Dominicano, junto con representantes de Barrick Gold, llegaron al lugar, provocando enfrentamientos entre los moradores y las fuerzas de seguridad.
“Desde que la empresa se instaló, hemos enfrentado constantes amenazas y hostigamientos”, denunciaron los residentes, quienes aseguran haber habitado estas tierras durante generaciones. También exigen la intervención del gobierno para proteger sus derechos y su patrimonio.
Denuncias del párroco Johnny
Entre los heridos se encuentra el párroco Johnny, quien denunció el atropello sufrido junto a los ciudadanos que reclamaban sus terrenos. “Esto ha sido un desastre; la Policía y el Ejército han venido a avasallar y atacar a la gente a dos manos”, declaró el sacerdote en un video, mostrando sangre corriendo por su frente.
El padre Johnny explicó que intentó mediar entre las comunidades y las autoridades, pero las fuerzas de seguridad respondieron con violencia, utilizando bombas lacrimógenas que hirieron a varios residentes. También señaló que la protesta inició de manera pacífica, con las manos levantadas, y que las comunidades no estaban armadas. “Nosotros estamos aquí solo con el deseo de que nos escuchen”, precisó.
Asimismo, acusó a la presidenta de Barrick Gold, Juana Barceló, de actuar con prepotencia. “La señora Barceló respondió que la Barrick Gold entraba sí o sí, porque es la autoridad total”, relató.
Solidaridad y exigencias
Diversas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que este desalojo tendrá en las familias afectadas. Estas entidades han exigido una investigación exhaustiva sobre las acciones de la empresa minera y las autoridades involucradas.
Los moradores de las comunidades afectadas continúan en alerta y organizándose para defender sus derechos, calificando el desalojo como injusto e ilegal. Por su parte, también responsabilizan al gobierno dominicano por permitir que una empresa extranjera despoje a los campesinos de sus tierras.
“Aquí están entrando y acabando con la comunidad”, concluyó el párroco Johnny mientras miembros del Ejército y de la Policía mantenían ocupada la zona.
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