Kathia Mejía, directora ejecutiva de ECORED, señaló que esta situación viola los principios de participación, sostenibilidad y gobernanza establecidos en la legislación original. La modificación, según Mejía, afectará gravemente la sostenibilidad y la gestión integral de residuos, impactando negativamente a las MIPYMES, en particular.
La Ley 225-20, promulgada en 2020, fue el resultado de un proceso de consenso entre los sectores público y privado. En este sentido, ECORED considera que antes de realizar modificaciones, es necesario dar prioridad a la implementación de los aspectos pendientes de la normativa vigente.
Además, la red empresarial calificó la reforma como un retroceso a los esfuerzos de más de una década para desarrollar capacidades en la gestión y valorización de residuos sólidos en el país. En respuesta, ECORED está elaborando una propuesta técnica.
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