Duluc destacó que las centrales sindicales fueron las primeras en serdas y que, hasta el momento, no ha habido ningún sector que se sienta perjudicado, asegurando que la cámara alta ha garantizado un equilibrio al considerar todas las partes interesadas. En este sentido, subrayó que el contenido final de la reforma es competencia del Congreso Nacional, y que está siendo llevado a examen público, pues es una decisión que competirá al Congreso.
Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Unidad Sindical, Esfanislao Castillo, había amenazado con paralizar el país el 3 de diciembre si los legisladores no garantizaban sus propuestas, destacando que la clase trabajadora luchará por preservar los derechos laborales.
Mientras tanto, las agrupaciones empresariales, representadas por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), proponen un tope de seis años para el pago de las prestaciones laborales por desahucio, y sugieren mantener la cesantía como un derecho, aunque con un doble tope de antigüedad y salario, lo cual podría reducir la carga para las empresas.
Duluc también confirmó que la aprobación de la reforma a la Ley 16-92 será postergada para la siguiente legislatura, que comenzará el 27 de febrero, debido a que el tiempo restante en la legislatura actual no es suficiente para completar su estudio. Sin embargo, aclaró que los trabajos seguirán adelante, con una serie de encuentros programados con diversas asociaciones y autoridades para recibir más observaciones, como la próxima intervención del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
A medida que se acerca el final de la actual legislatura, los legisladores continúan trabajando a un ritmo acelerado para abordar proyectos clave, aunque muchos de ellos, como la modernización del Código de Trabajo, quedarán pendientes hasta el inicio de la próxima legislatura ordinaria.
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