“Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega”, afirmó en X el excandidato Félix Maradiaga.El Parlamento de Nicaragua recibió este lunes un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca integrar en un solo cuerpo legal las regulaciones del Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos, una medida que ha generado controversia y preocupaciones sobre una posible intervención directa del gobierno en el sistema financiero del país. La iniciativa ha sido vista por medios no oficiales como un paso más en el control de la banca por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El proyecto, que fue remitido a la comisión legislativa de Producción, Economía y Presupuesto para su consulta y dictamen, introducir nuevos instrumentos y regulaciones que buscan facilitar la liquidez, atender emergencias y situaciones excepcionales, y asegurar la continuidad de la intermediación financiera y los pagos. en el país. También establece líneas de préstamos y facilidades de financiamiento para instituciones financieras y para el Gobierno durante situaciones de emergencia.
La diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, destacó que la iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen regulatorio para la administración del sistema monetario y financiero de Nicaragua. Además, se contempla la supervisión consolidada de grupos financieros extrarregionales, de manera que los grupos establecidos en el país sean regulados por la Superintendencia de Bancos, en lugar de ser supervisados desde el exterior.
Sin embargo, el proyecto ha generado fuertes críticas. Medios independientes alertan de que la ley podría permitir al régimen de Ortega intervenir directamente en los bancos, nombrando juntas directivas, gerentes y personal, y acceder a información financiera de cualquier ciudadano o entidad en el país. Según el texto de la iniciativa, tanto el BCN como la Superintendencia tendrán la facultad de solicitar información económica, financiera, estadística y regulatoria a cualquier persona o entidad residente en Nicaragua, sin importar su nacionalidad.
En cuanto al sigilo bancario, el proyecto establece que los funcionarios del BCN y la Superintendencia deberán mantener la confidencialidad de la información obtenida, aunque la reserva podría ser levantada por decisión de las instituciones o mediante la intervención de una autoridad legal.
El excandidato presidencial Félix Maradiaga calificó el proyecto como "un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática" bajo el régimen de Ortega, sumando a las críticas de sectores que temen por una mayor concentración de poder y falta de transparencia en la administración del sistema financiero. nacional.
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