Jochi Gómez, imputado en caso CamaleónLa Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) calificó el acuerdo firmado entre la empresa Aurix y el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) como un convenio oculto y de malas intenciones. En la solicitud de medida de coerción en contra de Jochi Gómez y los demás implicados en el caso Camaleón, el Ministerio Público afirmó que no se encontraron registros oficiales del acuerdo en las dependencias del Ministerio de Defensa.
Según la Pepca, Jochi Gómez, uno de los imputados en el caso Camaleón, tenía un interés particular en controlar, interferir y participar en actividades de captación, seguimiento y ubicación de información manejada por organismos de seguridad nacional. El acuerdo de cooperación, firmado el 23 de junio de 2020, entre el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y Aurix, representada por Gómez, establecía una duración de 12 meses.
Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos a través de fuentes abiertas, algoritmos e inteligencia artificial. Entre sus obligaciones estaba suministrar al MIDE información sobre perfiles de personas y entidades con riesgo potencial, utilizar software de detección de amenazas y colaborar en la investigación de riesgos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa se comprometía a coordinar los permisos necesarios para las operaciones de Aurix, apoyar la labor de investigación de la empresa y facilitar el uso de los logotipos del MIDE en sus instalaciones.
Sin embargo, de acuerdo con un oficio del exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, y comunicaciones de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas ni relación alguna con Aurix S.A.S., lo cual evidencia el carácter oculto y malintencionado del acuerdo.
La Pepca destacó que este convenio viola la Constitución y la Ley 139-13 al otorgar facultades propias de las instituciones castrenses y de inteligencia a una empresa privada, lo que resultó en actividades ilícitas de Gómez, tales como manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.
Asimismo, se constató que Aurix usurpó atribuciones propias de la Policía Nacional, instalando equipos de videovigilancia de manera ilegal y utilizando logotipos de la institución sin autorización. Según una comunicación de la Dirección de la Policía Nacional del 4 de octubre de 2024, no existe ningún acuerdo entre esta entidad y Aurix S.A.S.
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