| En la denominada Operación Camaleón, siete personas han sido detenidas y enfrentan serias acusaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Los acusados son Hugo Beras Goico, Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público ha señalado a Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant, como el "coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia". Entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras habría dirigido y autorizado la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidades técnicas requeridas, facilitando la participación de "empresas de carpeta" que desviaron recursos del Estado.
Por su parte, Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del Intrant, habría manipulado la licitación y favorecido la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas a la estructura corrupta.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, está acusado de facilitar el control de la red semafórica a Transcore Latam S.R.L., una empresa sin los requisitos legales ni técnicos. Además, habría adaptado la evaluación pericial del proceso de licitación para beneficiar a dicha empresa.
Jochi Gómez, cuyo nombre real es José Ángel Gómez Canaán, fue el "principal beneficiario económico del esquema corrupto". Según la acusación, controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de su empresa Aurix S.A.S., y utilizó otras empresas para movilizar fondos y realizar lavado de activos. Gómez también está vinculado con el sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto de 2024.
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, habría colaborado directamente con Transcore Latam en actividades fraudulentas y en la implementación de esquemas de lavado de activos, contribuyendo también al sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas es acusado de movilizar fondos desviados a través de INPROSOL S.R.L., y de colaborar con la estructura de espionaje y vigilancia de Gómez Canaán, participando en el lavado de activos y el desvío de fondos públicos.
Los cargos contra los acusados incluyen violaciones a la Constitución y al Código Penal dominicano, como proscripción de la corrupción, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, y crímenes y delitos contra la nación. También se les acusa de sabotaje, robo de identidad, actos de terrorismo y lavado de activos, en violación a las leyes 53-07 y 155-17 sobre crímenes de alta tecnología y financiamiento del terrorismo, respectivamente.
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