El Gobierno haitiano denunció enérgicamente las "deportaciones masivas" de haitianos desde la República Dominicana, calificándolas como "violaciones de derechos fundamentales" y en contravención a las leyes internacionales. Así lo expresó su embajador ante la ONU, Antonio Rodrigue, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Haití.
En esta sesión trimestral, que también destacó la lentitud del proceso político de transición y el creciente deterioro de la seguridad en Haití, las tensiones diplomáticas entre ambos países vecinos quedaron en evidencia.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, en el primer semestre de 2024 fueron deportados 67,844 extranjeros, de los cuales 66,227 eran haitianos. Sin embargo, el número de deportaciones aumentó considerablemente en octubre, con 27,352 personas deportadas en los primeros 20 días del mes. El presidente Luis Abinader se ha comprometido a repatriar a 10.000 personas semanalmente.
Rodrigue solicitó "solidaridad internacional" para poner fin a lo que describió como graves violaciones de derechos humanos y que, según él, obstaculizan las relaciones pacíficas entre las dos naciones. Además, argumentó que estas deportaciones contravienen los acuerdos bilaterales entre Haití y la República Dominicana.
Por su parte, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, respondió con firmeza, rechazando cualquier llamado a detener las repatriaciones. Álvarez afirmó que tal medida equivaldría a abrir las fronteras, lo que agravaría aún más la migración irregular. Subrayó que la crisis de Haití es responsabilidad de su propio gobierno y la falta de apoyo internacional, y que la República Dominicana no puede seguir asumiendo las consecuencias de la crisis humanitaria, económica y de seguridad de su vecino.
Álvarez también destacó el impacto de la inmigración haitiana en su país, señalando que 147.000 niños haitianos están inscritos en las escuelas dominicanas y que el 16% de los beneficiarios del sistema público de salud son haitianos. Concluyó afirmando que "hay límites" para la capacidad de la República Dominicana de gestionar esta situación.
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