Una prueba de las dificultades con esta ley las afronta el ejercicio periodístico, siendo sus profesionales víctimas de la falta de respuestas, tardanzas, promesas incumplidas y los obstáculosPor Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
29/07/2024
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que cumple dos décadas este año, ha llegado a su aniversario enfrentando duras críticas. A pesar de sus buenas intenciones iniciales, la ley ha sido acusada de fallos en su aplicación y de no cumplir a cabalidad su objetivo de garantizar la transparencia en la administración pública.
José Tomás Pérez, el autor de la ley, ya había señalado en 2014 que la legislación tenía deficiencias, aunque reconoció que había logrado avanzar en la transparencia de algunas instituciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar los portales de transparencia digital, el acceso a la información a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (Saip) sigue siendo problemático.
El ejercicio periodístico ha sido particularmente afectado por la falta de respuestas oportunas, retrasos y promesas incumplidas. Yudelka Domínguez, periodista con experiencia en solicitudes de información, ha descrito las dificultades encontradas, tales como recibir respuestas fuera de tiempo o incompletas. La ley estipula que toda solicitud debe ser respondida en un plazo de 15 días hábiles, con una prórroga excepcional de 10 días si es necesario, pero esta normativa no siempre se respeta.
Uno de los casos más emblemáticos de la lucha por el acceso a la información fue el de Huchi Lora, quien en 2007 demandó a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret) por no responder una solicitud sobre el Metro de Santo Domingo. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón, ordenando la entrega de la información.
La ley también establece mecanismos judiciales para recurrir decisiones insatisfactorias, permitiendo a los solicitantes apelar ante la autoridad jerárquica superior o el Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, la falta de intervención efectiva por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y los costos asociados a las demandas legales pueden desalentar a los ciudadanos.
El presidente Luis Abinader, en una reciente participación en LA Semanal, instó a los funcionarios a cumplir con la ley y a entregar la información solicitada sin esperar una sentencia judicial. Abinader prometió recordar a los funcionarios la obligación de cumplir con la ley y tomar medidas contra quienes no lo hagan.
A dos décadas de su promulgación, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública sigue enfrentando desafíos importantes en su implementación, evidenciando la necesidad de reformas y mejoras para cumplir con su propósito original de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.