Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, destacó que las armas de fuego ilegales suelen terminar en manos de criminales, pandilleros y otros delincuentes violentos. Lapointe subrayó la preocupación de que estas armas lleguen a países vecinos, incrementando la violencia en la región.
Entre los acusados se encuentra Hiledin Quintero Martínez, también conocida como Mily Álvarez, de 36 años, imputada con cuatro cargos de conspiración por enviar unas 10 armas de fuego a Venezuela y Colombia entre junio de 2020 y enero de 2021.
Samuel Pierre, de 34 años, y Reginald Louis Chosson, de 28, fueron acusados de conspirar para adquirir armas de fuego mediante declaraciones falsas y contrabandear armas y munición desde Miami a Haití.
Ronald Zapete, de 39 años, y Amanda Roden, de 31, fueron acusados de comprar armas de fuego en Dania Beach, Florida, y enviar tres de esas armas sin permiso a República Dominicana.
Jamaal Calloway, de 41 años, fue acusado de comprar y vender armas de fuego sin licencia, incluyendo pistolas, rifles, al menos 70 metralletas y 39 dispositivos que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas.
El Departamento de Justicia también informó que otras personas fueron acusadas por la adquisición o venta ilegal de armas de fuego y por el contrabando de armas de fuego a varios países del Caribe.
Este operativo es parte de un esfuerzo continuo para frenar el flujo ilegal de armas y reducir la violencia armada tanto en Estados Unidos como en los países vecinos afectados por estas actividades ilícitas.