La operación, conocida como "Operación Escudo", se lanzó en diciembre del año pasado y ha sido objeto de críticas debido al número significativo de muertes y al supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Los organismos de derechos humanos presentaron un historial detallado de la operación, destacando la muerte de al menos 9 personas entre enero y febrero de este año.
Además, han pedido una "pericia e investigación independientes, rápidas e imparciales sobre las muertes resultantes". Las fuerzas de seguridad del Brasil han sido objeto de críticas frecuentes por parte de organizaciones de derechos humanos, especialmente por el uso desmedido de la fuerza en operaciones en favelas y asentamientos pobres, con un impacto desproporcionado en la población negra.