El régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, suspende derechos fundamentales y forma parte de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Bajo esta medida, se reformó la Ley Penal Juvenil para permitir condenas de hasta 20 años de cárcel para menores de edad asociados a pandillas. El estado de excepción ha llevado a la detención de más de 77,300 personas, aunque más de 7,000 fueron liberadas por falta de pruebas.
Las autoridades salvadoreñas anunciaron que continuarán con el patrullaje digital, supervisando el contenido en internet, y advirtieron que seguirán aplicando medidas severas contra aquellos que participen en actividades pandilleras.
Esta noticia refleja la implementación de políticas de mano dura en El Salvador, especialmente dirigidas a combatir la actividad pandillera entre los jóvenes, lo que ha resultado en un gran número de condenas a menores de edad.