El gobierno de Ortega también ha tomado medidas enérgicas contra la sociedad civil, prohibiendo miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) y aumentando la persecución contra la Iglesia católica.
Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, acusa a Nicaragua de continuar participando en una "campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales".
El comunicado del Departamento de Estado subraya el compromiso de Estados Unidos de trabajar a nivel internacional para responsabilizar a aquellos que amenazan la democracia en Nicaragua. Nicaragua ya enfrenta sanciones estadounidenses debido a la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007.