Un miembro del Ejército es visto durante un recorrido con la prensa en el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte Cotopaxi, en Latacunga, Ecuador, el 22 de febrero de 2024En los últimos 47 días de vigencia del estado de excepción y "conflicto armado interno" en Ecuador, cerca de 10,000 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad del país. La medida fue declarada a principios de año por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la creciente violencia desatada por bandas criminales a nivel nacional.
El Eje de Seguridad, compuesto por autoridades militares, policiales y del Gobierno, reveló en su último informe diario que se llevaron a cabo 123,707 operaciones durante este periodo. En total, se realizaron 9,913 detenciones, con 258 personas acusadas de terrorismo. Además, nueve individuos identificados como "terroristas" fueron abatidos en las operaciones.
Durante los operativos conjuntos entre militares y policías, se decomisaron 2,962 armas de fuego, 19,916 explosivos, 202,836 balas, 1,333 cargadores de balas y 4,157 armas blancas. También se incautaron 979 vehículos, 1,126 motocicletas, 28 embarcaciones, 253,460.14 dólares y 87,788 galones de combustible.
La estadística muestra que tres agentes de la Policía perdieron la vida en el cumplimiento de su deber durante estas operaciones, mientras que no se registraron bajas en las filas castrenses.
La declaración de "conflicto armado interno" permitió al Gobierno identificar a 22 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes". Esta designación habilita a las Fuerzas Armadas y la Policía para actuar con todos sus recursos contra estas bandas criminales.
La violencia desencadenada en el país se originó después de que el presidente Noboa anunciara el "Plan Fénix" para recuperar el control de las prisiones, que estaban siendo dominadas internamente por grupos delictivos. Ecuador se enfrenta a un aumento de la violencia, convirtiéndose en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023.