El censo de bienes inmuebles del Estado está destinado a cuantificarlos y ubicarlos para garantizar que no sean enajenados.Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
A cinco meses de que el presidente Luis Abinader instruyera a la Dirección de Bienes Nacionales realizar el censo de los bienes públicos del país, aún no se han ofrecido los resultados que revelen la cantidad de inmuebles y propiedades pertenecientes al Estado.
El proyecto, que tenía como objetivo obtener un registro detallado del capital inmobiliario nacional, aún no ha completado la tercera fase del plan, que consiste en la presentación de los resultados del censo. Según fuentes internas, la institución está actualmente en la etapa de digitación y valorización de los 43,207 bienes registrados.
A pesar de que, en septiembre de 2023, la Dirección General de Bienes Nacionales anunció que la primera etapa del censo estaba avanzada en más del 98 por ciento, el proceso no ha concluido, y no se han proporcionado más actualizaciones desde entonces.
El censo, que se planeó llevar a cabo del 3 al 21 de julio de 2023, pretendía ofrecer un registro detallado de los bienes inmuebles del Estado, siendo el primero desde la dictadura de Trujillo. Hasta la fecha, se desconocen los resultados finales de esta iniciativa.
Para la realización de esta labor, se destinaron unos 201 millones de pesos, participaron 16,000 empadronadores y se esperaba obtener información detallada sobre bienes del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, infraestructuras vitales, instituciones mixtas con el Estado, bienes mineros y tierras propiedad del Estado, entre otros.
Aunque Bienes Nacionales había indicado que hasta septiembre se habían registrado inmuebles pertenecientes a unas 740 instituciones, representando alrededor de 450,000 millones de pesos en propiedades del Estado, los resultados finales del censo aún no han sido presentados al público.
El Listín Diario, en su editorial "El censo de los bienes del Estado", expresó su apoyo a la iniciativa presidencial, destacando la importancia de contar con un inventario completo de los bienes del Estado para combatir la corrupción administrativa y conocer los procesos relacionados con la adquisición, venta, permuta o depreciación de estos bienes.