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Máximo Tribunal de Guatemala Aclara que Vicepresidenta Electa no Puede ser Arrestada

 





                                      Karin Herrera Aguilar y Bernardo Arévalo de León.

Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.con

Fecha: 11/01/2024

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el tribunal más alto del país, emitió un comunicado advirtiendo que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad. La corte destacó que Herrera Aguilar cuenta con la figura del antejuicio, que otorga inmunidad en caso de acusaciones judiciales.

Detalles Destacados:

Inmunidad Legal: La Corte de Constitucionalidad reiteró que Karin Herrera Aguilar cuenta con la protección del antejuicio, una figura legal guatemalteca que garantiza inmunidad ante posibles acusaciones judiciales. La advertencia fue dirigida a todas las autoridades para que se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión contra la vicepresidenta electa.


Solicitud de Amparo: La vicepresidenta electa había solicitado un amparo legal horas antes para evitar una posible detención, en medio de rumores sobre acciones judiciales en su contra por parte del Ministerio Público.


Investigación Anterior: En 2023, el Ministerio Público vinculó a Herrera con un presunto caso de daños contra el patrimonio ocurrido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Desde entonces, se ha intentado revertir la victoria electoral del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, quien también ha acusado a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de intentar evitar su investidura.


Detención de Exministro: En el mismo día, el exministro de Gobernación (Interior), Napoleón Barrientos, fue detenido por presunta falta de cumplimiento de un dictamen que ordenaba reprimir y desalojar a manifestantes durante las protestas de 2023 contra Consuelo Porras.

Contexto:

Estos eventos se dan en un contexto político tenso en Guatemala, donde las disputas y acusaciones entre líderes políticos y autoridades judiciales han generado controversia y preocupación sobre la estabilidad institucional del país centroamericano.






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