La JCE puede adoptar medidas cautelares ante las infracciones electorales.
Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
17 de enero del 2024.
Santo Domingo, RD - En un paso significativo hacia la transparencia y la integridad electoral, la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana ha anunciado que la Ley 20-23, orgánica de régimen electoral, ahora contempla sanciones más severas para aquellos que infrinjan las normas durante las campañas electorales, especialmente en relación con el uso de fondos públicos.
La proclama oficial emitida por el Pleno de la JCE marca el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024. Desde entonces, las autoridades electorales han enfatizado deberes, obligaciones y prohibiciones aplicables a partidos, militantes, candidatos y votantes en general.
La ley establece sanciones administrativas y penales para las infracciones y faltas cometidas durante el proceso electoral. Específicamente, el uso indebido de recursos públicos durante la campaña puede resultar en multas, calculadas en salarios mínimos, y penas de prisión. Estas medidas buscan garantizar un juego limpio y la equidad en la competencia electoral.
Recientemente, se han presentado denuncias sobre presuntas violaciones legales relacionadas con el uso indebido de recursos y bienes públicos durante la campaña. En respuesta, la JCE ha reafirmado su autoridad para dictar medidas cautelares, según lo establecido en la ley electoral, y ya ha tomado medidas para abordar infracciones reportadas.
El Reglamento establecido por la JCE, en vigor desde el 3 de mayo de 2023, ha creado una unidad dedicada a la atención, seguimiento y ejecución de sanciones y medidas cautelares. Esta unidad tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes 20-23 y 33-18.
En cuanto a las penalidades, la ley prevé penas de uno a tres años de prisión para funcionarios que utilicen fondos públicos para beneficiar a organizaciones políticas. También se aplicarán penas similares a aquellos que se apropien indebidamente de los recursos partidarios.
Es importante destacar que los tribunales penales ahora tienen la competencia exclusiva para conocer los casos de delitos electorales, una responsabilidad que anteriormente recaía en el Tribunal Superior Electoral. La ley establece que los tribunales pueden actuar ante denuncias de parte afectada, la JCE, las juntas electorales o la Procuraduría Especializada para la Investigación de Crímenes y Delitos Electorales.
La ley también prohíbe a militares y policías participar en actividades de proselitismo político, y establece restricciones sobre la aglomeración de tropas y exhibición de fuerzas armadas durante el día de las elecciones.
En resumen, estas medidas buscan garantizar la equidad y transparencia en el proceso electoral, protegiendo los fondos públicos y evitando prácticas indebidas durante la campaña. La JCE reitera su compromiso con la imparcialidad y el respeto a las normas democráticas mientras se prepara para supervisar las elecciones municipales de febrero.