El órgano rector presentó los resultados de la resolución RIC-169-2023 correspondiente a la tercera investigación sobre el caso.
Fecha: 30/11/2023
Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha identificado nuevas irregularidades en el proceso de licitación pública entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore Latam, S.R.L., relacionado con la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
En la resolución RIC-169-2023, la DGCP confirmó las irregularidades previamente detectadas y señaló que el contrato entre Intrant y Transcore Latam incluyó servicios no especificados en el pliego de condiciones, lo que constituye una contratación directa en violación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
La DGCP destaca que la contratación directa para la prestación del servicio de recaudación de los 305 controladores no estipulados en el pliego de condiciones es nula de pleno derecho. Además, se violó el artículo 3 del Decreto 15-17 sobre el debido proceso en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria al utilizar un documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant en lugar del generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
El monto de adjudicación y del contrato excede en RD$117,350,900.00 al aprobado para la contratación, comprometiendo los recursos del Estado más allá de lo certificado.
Otras irregularidades incluyen la presentación de una garantía de fiel cumplimiento del contrato inferior a la requerida, incumpliendo con el requisito de vigencia dispuesto en el pliego de condiciones.
Ante estas irregularidades graves, la DGCP reitera la nulidad del pliego de condiciones y del procedimiento, solicitando la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no actuaron conforme a las normas del debido proceso en la licitación.
La resolución será remitida a diversas instituciones para realizar investigaciones sobre emisión de facturas, comprobantes fiscales, conflicto de interés, comportamiento ético de servidores públicos, prácticas anticompetitivas, entre otros aspectos.
La DGCP emitirá la última resolución la próxima semana, estableciendo el proceso sancionador contra la empresa adjudicataria.